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Concluyen foro internacional sobre trata de personas.

  • Posted on: 12 December 2015
  • By: PLAPERTS_MEXICO

En este Foro se dieron cita grandes personalidades expertas en la materia de Derechos Humanos y Trata de Personas, por tal motivo la Comisión Unidos Vs. Trata y la Universidad Autónoma del Estado de México, encabezados por Rosi Orozco y por el Dr. Alfredo Barrera Vaca, se reunieron con algunos de los ponentes, para que con base en su conocimiento y experiencia se elaborara un Decálogo que fuera la base de un compromiso nacional e internacional en el combate a este delito que es un flagelo para la humanidad.

El ser humano no está en venta, el ser humano no es una mercancía y nadie tiene derecho a apropiarse de la libertad de otra persona.

Considerando que:
El Foro Internacional: “Mejores Prácticas Internacionales en la Protección de Víctimas, Persecución del Delito y Prevención de Trata de Personas”, efectuado durante los días 30 de noviembre y 1° de diciembre del año en curso, permitió conocer el punto de vista de expertos, luchadoras sociales y la vivencia de las propias víctimas, quienes manifestaron que:

La trata de personas en cualquiera de sus formas es una flagrante violación de los derechos humanos de los individuos, que reduce a las personas a condición de objetos que son vendidas, compradas, humilladas, violadas, explotadas y finalmente, destruidas; por lo que constituye un delito que debería ser reconocido como un crimen de lesa humanidad en México.

La trata de personas representa un retroceso en el proceso civilizatorio, ya que atenta contra los derechos fundamentales de las personas, contra su vida misma y todo sentido de humanidad, al cancelar la libertad, someter la voluntad y disponer del cuerpo de las víctimas.

La trata de personas está reconocida por las Naciones Unidas como una forma contemporánea de esclavitud, de la que son víctimas 27 millones de personas en el mundo.

La trata de personas siempre tiene como fin la explotación, tal como lo establece el Artículo 3 del Protocolo de Palermo; el cual señala que ésta, incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

La trata no hace excepción de personas por lo que cualquiera puede ser víctima potencial de este crimen sin importar su condición u origen, aunque debe reconocerse que está directamente relacionada con la discriminación de género ya que el 80% de las víctimas son mujeres y niñas.

La trata de personas es una amenaza hacia la estabilidad mundial dado que el 50% de las víctimas son menores de edad y, porque contribuye a la perpetuación de la desigualdad económica y social de los países.

La trata de personas es el resultado de la interacción de múltiples condiciones tales como la desigualdad de género, la pobreza, la falta de oportunidades sociales, económicas y educativas, el origen étnico, la cultura, la religión, la edad, entre otras.

La demanda es la principal causa y motor de la proliferación de este crimen, exigiendo víctimas cada vez más jóvenes, por lo que los estados y las legislaciones nacionales deben proveer todos los medios a su alcance para desalentar este mercado.

La trata de personas se ha convertido en una de las industrias criminales globales más lucrativas junto con el narcotráfico y el tráfico de armas ya que mueve 150 mil millones de dólares anuales, lo que exige la absoluta cooperación internacional y el firme compromiso de los estados, de las comunidades y de los individuos para combatirla.

Las legislaciones anti trata de los estados, deben ser contundentes en la persecución del delito en todas sus formas, así como garantizar en todo caso la atención y protección de las víctimas además de la reparación del daño.

Con base en estas consideraciones se concluye que resulta indispensable fortalecer la cooperación nacional e internacional, por lo que exhortamos a las Instituciones de Educación Superior, públicas y privadas, conjuntamente con las Organizaciones de la Sociedad Civil y los tres niveles de Gobierno, a asumir los compromisos siguientes.

Decálogo:
    •    Impulsar eventos académicos para crear conciencia sobre el delito de la trata de personas y las alternativas para su prevención y combate, así como promover la enseñanza transversal de este tema en los planes y programas de estudio de la educación media superior y superior, y de la capacitación y actualización profesional para el personal que labora en el ámbito de la procuración y administración de justicia. 

    •    Fomentar el cumplimiento de las medidas acordadas en Palermo, Italia, en el año 2000, y que se exponen en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como la creación de un fondo para contar con infraestructura y servicios que den respuesta diferenciada a las necesidades de atención para la recuperación física, psicológica y social de las víctimas.

    •    Capacitar a trabajadores sociales, médicos, ministerios públicos, psicólogos y otros profesionales, mediante posgrados y programas de educación continua que promuevan las competencias, la sensibilidad y la prudencia para brindar la atención especializada a las víctimas y a sus familias, salvaguardar su dignidad, integridad física y derechos humanos.

    •    Distribuir en centros educativos y laborales, de forma gratuita, la legislación vigente en la materia, la Guía de instituciones públicas que brindan atención a las víctimas de delito elaborada por la Comisión de los Derechos Humanos, así como otros materiales orientados a prevenir todas las modalidades de trata de personas. 

    •    Apoyar la aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para rescatar la dignidad humana e impulsar reformas que contribuyan a eliminar de raíz la impunidad y endurecer las penalidades a fin de garantizar que todos los delincuentes que participan en el proceso de la trata —engañar, captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir, alojar y explotar—, sean juzgados con todos los elementos que la ley prevé y se les obligue a la reparación del daño.

    •    Desarrollar investigación científica, sistematizar la información y construir bases de datos actualizadas sobre las denuncias de trata de personas y actos conexos de explotación, y sobre los datos del registro civil de personas en condiciones de vulnerabilidad, para generar indicadores y modelos que fortalezcan los programas de prevención, atención y asistencia a las víctimas de este delito.

    •    Intensificar labores de difusión y promoción para alertar a la población vulnerable sobre las argucias y métodos que usan los tratantes; para exhortar a las y los jóvenes y adultos a renunciar al consumo de servicios y materiales derivados de la trata y explotación de personas; y, para denunciar los sitios donde se presume la ocurrencia de este delito, como los denominados giros negros.

    •    Fomentar el empleo, mejorar la capacitación y promover maneras de ganarse la vida dignamente entre las personas susceptibles de ser objeto primario de trata de personas, y fortalecer los procedimientos técnico-jurídicos que brinden la mayor protección a quienes decidan emigrar. 

    •    Mejorar el acceso a la educación básica, media superior y superior, con el propósito de que constituyan un vector estratégico para escapar de la explotación, la marginación y la pobreza, en tanto causa y consecuencia de la trata de personas.

    •    Fortalecer la correcta aplicación de las normas jurídicas en materia de emisión, cotejo y revisión de pasaportes y visados, relacionados con infantes; en particular, menores de edad no acompañados por adultos, o menores asistidos por una persona no familiar directa.

“UNIDOS HACEMOS LA DIFERENCIA”
COMISIÓN UNIDOS VS. TRATA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

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