La criminalización y otras opresiones legales sobre el trabajo sexual restringen los esfuerzos de las personas que ejercen el trabajo sexual de defensa colectiva de derechos y autodeterminación.
La protección de la ley significa gozar de la misma protección que cualquier otro ser humano.
De manera generalizada, las personas que ejercen el trabajo sexual de todos los géneros se enfrentan a la violencia en algunas de sus formas.
Para identificar las condiciones de estigma y discriminación que afrontamos las trabajadoras del sexo, es necesario que se nos reconozca desde nuestras condiciones: como mujeres en un contexto donde generalmente se presentan mayores condiciones de vulnerabilidad que los hombres.
